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Las centrales obreras, estudiantes y otros movimientos que integran el Comité Nacional de Paro presentaron hace un año un pliego de exigencias que contiene siete puntos para el Gobierno Nacional. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, y el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, anunciaron que el 16 de mayo a las 2 de la tarde comenzará el proceso de negociación entre las partes.
La idea de los movimientos sociales que integran el comité es llegar a un acuerdo por escrito, que desde su punto de vista, permita mejorar las condiciones de vida de los colombianos. El primer punto de la reunión deben ser las garantías para realizar la protesta social en Colombia”, dijo el líder de la organización sindical de trabajadores, Francisco Maltés. Otro punto importante a tratar, es el exceso de la fuerza y las garantías de quienes protestan pacíficamente, uno de los enigmas que debe solucionar este o cualquier gobierno, por la infiltración de grupos sin control, que se permean dentro de las marchas realizando actos de vandalismo y saqueos, en instituciones privadas y del estado, causando daños económicos, no solo a la empresa, o economía capitalista si no también al bolsillo de los colombianos, porque los más pobres también son afectados, con el impuesto de IVA, declaración de renta de los pequeños empresarios, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, cuyos aportes se encuentran en las arcas del estado, (en este o en cualquier gobierno), irán a parar a la reparación de la infraestructura como el peaje del corregimiento de Tunía, jurisdicción de Piendamó, Cauca, incinerado y destruido el pasado viernes 14 de mayo en horas de la mañana.
El derecho a la protesta consagrado en el Artículo 37: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente". No está siendo aplicada de la forma más pacifica posible, las arengas y declaraciones a coro, ruido, realizado por los manifestantes, con tambores, pitos e instrumentos, sin pieza musical organizada, desarmonizan la protesta pacífica y enardece los ánimos de los manifestantes.
Los más afectados como la población indígena del cauca, cuyo informe del CRIC, enumera muertes, intensos de homicidios, violaciones a los derechos humanos por parte de personal armado al margen de la ley e intervención de institución policial y el ESMAT, en represión al personal en las calles. Dicho de otra manera, la institución de protección al ciudadano encargada de mantener el orden público, desarmada y presentándose como "agentes blancos" de la ley, eso en una novela de un utópico escritor, está bien. Además no hay que desconocer el juego de intereses que tienen algunos sectores legales o ilegales de los territorios, para establecer su gobernabilidad y ejecución de su economía, no es un lucha de ahora, que lamentablemente se agudiza por las condiciones de salud, que ha pasado factura al gobierno y que por prudencia, no restringe la restricción, como la que ocurrió en Brasil, un gobierno que permitió la aceleración y normalidad de la economía, trayendo como consecuencia $ 435,000 muertos y más de 16 millones de casos, cuya curva de crecimiento poblacional supera los 23 millones de habitantes en estos últimos 20 años, en Colombia con una diferencia de 5 millones entre 2010 y 2019, nos da a entender que la población crece a un ritmo de 500,000 habitantes por año, relativamente bajo comprado con el emporio petrolero de sureste de américa. Pero la explosión demográfica, no es la preocupación del paro por parte del gobierno Duque, la central obrera informó, los puntos, en resumidas cuentas, exigen: