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Otro dato a destacar es que durante el periodo de 2015 a 2017, las cifras de aborto en el distrito superaron los 10.000 casos. con una media diaria de 250 abortos realizados en la capital. Serían 7,500 niños sin nacer en Bogotá. En un mes calendario. Dónde la mayoría de estas relaciones sexuales se practican fuera del matrimonio. En 2006, la Corte Constitucional de Colombia derogó la prohibición absoluta del aborto inducido, permitiendo el procedimiento en casos de riesgo para la vida o la salud de la mujer:
Malformación fetal incompatible con la vida,
Y violación o incesto.
Pese a la sentencia, la gran mayoría de abortos sigue ocurriendo en la clandestinidad y, por consiguiente, conllevan riesgos potenciales para la salud de la mujer. Las mujeres colombianas enfrentan continuamente barreras innecesarias para tener un aborto legal. Como resultado, muchas mujeres recurren a procedimientos clandestinos.
La mitad del total de abortos en Colombia se realiza mediante el uso de medicamentos, los cuales son ampliamente disponible. Sin embargo, pese a la alta eficacia y seguridad del medicamento cuando se usa correctamente, el inadecuado conocimiento sobre cómo y cuándo usarlo correctamente, tanto en las mujeres como en los proveedores, resulta en una alta tasa de complicaciones (32%; principalmente sangrado y aborto incompleto.
CONSECUENCIAS DEL ABORTO INSEGURO •
El
33% del total de mujeres que tienen abortos clandestinos sufren
complicaciones que requieren atención médica, pero la tasa de
complicaciones alcanza a ser del 53% en las mujeres pobres del medio
rural. La tasa más alta de complicaciones a nivel regional se encuentra
en la región Pacífica, un área relativamente pobre. En las mujeres de
esa región que tienen un aborto, el 40% sufren complicaciones; la tasa
más baja (25%) se encuentra en Bogotá, que es una región sustancialmente
más próspera. La prestación de servicios de atención postaborto le
cuesta al sistema de salud colombiano aproximadamente $14.4 millones de
dólares al año (sólo en costos directos). Una cifra que se pudo invertir
en en prevención. La política no debe discriminar le derecho a la
sexualidad si no el deber de la responsabilidad. No es el derecho a la
igualdad de género, sino más bien el cuidado emocional, físico y
espiritual que deben tener las mujeres, y debe ser una obligación del
estado, invertir en la realización personal de ellas, y trazar como meta
su realización profesional, el hogar, la familia y los hijos.
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